Yulia Landbo
La denuncia de irregularidades, un mecanismo vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado, ha adquirido una importancia significativa en toda Europa en los últimos años.
Esta práctica, que consiste en la revelación de información por parte de una persona acerca de posibles irregularidades, corrupción o comportamientos poco éticos dentro de una organización, se ha convertido en una poderosa herramienta en la lucha contra el fraude empresarial, las malas conductas en entornos gubernamentales y el abuso de poder. Con el objetivo de garantizar la protección de los denunciantes frente a las represalias y la persecución, la Unión Europea aprobó la Directiva Whistleblowing, que obliga a todos los Estados miembros a aplicar marcos jurídicos nacionales correspondientes.
La Directiva Whistleblowing de la Unión Europea, conocida formalmente como Directiva (UE) 2019/1937, es un instrumento jurídico promulgado por la Unión Europea con el objetivo de mejorar la protección de los denunciantes en todos sus Estados miembros. Adoptada el 23 de octubre de 2019, la Directiva pretende crear un entorno seguro y estandarizado en el que los empleados puedan denunciar infracciones en el lugar de trabajo sin temor a sufrir represalias.
Empresas sujetas a la Directiva: todas las empresas públicas y privadas de la UE con más de 50 empleados, así como los municipios de más de 10.000 habitantes.
El estatuto del denunciante se refiere al reconocimiento y la protección concedidos a las personas que revelan información sobre actividades ilegales, poco éticas o fraudulentas dentro de una organización. El objetivo de este estatuto es proteger a los denunciantes de posibles represalias, como el acoso, el descenso de categoría o el despido, al mismo tiempo que se les anima a denunciar las irregularidades. El estatuto de denunciante desempeña un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que capacita a las personas para actuar como consejeros contra la corrupción y el abuso de poder.
Con el objetivo de garantizar una protección completa de los informantes, la Directiva Whistleblowing de 2021 incluye una amplia gama de aspectos en diferentes ámbitos, entre ellos:
Infracciones en los servicios financieros
Prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo
Seguridad y conformidad de los productos
Fraude
Seguridad en el transporte
Protección del medio ambiente
Seguridad nuclear
Seguridad de alimentos y piensos
Salud y bienestar de los animales
Salud pública
Protección del consumidor
Protección de la intimidad y los datos personales
Seguridad de redes y sistemas de información
La Directiva Whistleblowing de 2021 de la UE afecta a varias de las partes interesadas, entre ellas particulares, organizaciones y autoridades nacionales de toda la UE. Entre las principales partes figuran:
Denunciantes: personas que informan o revelan información sobre irregularidades o incumplimientos de la legislación de la UE. Pueden ser empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores, voluntarios o incluso solicitantes de empleo.
Organizaciones privadas y públicas que operan en los Estados miembros de la UE. Todas las empresas públicas y privadas con sede en la UE y con más de 50 empleados están obligadas a implementar canales internos de denuncia de irregularidades. Además de a las empresas, la Directiva 2019/1937 también se aplica a los municipios de más de 10.000 habitantes.
Autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE. Cada Estado miembro debe establecer canales de denuncia externos y autoridades competentes para que los denunciantes puedan denunciar irregularidades.
Los directivos y ejecutivos de las organizaciones. Deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva de la UE, crear un entorno propicio para los denunciantes y tomar las medidas pertinentes tras la denuncia de irregularidades.
Los profesionales jurídicos y de RRHH desempeñan un papel crucial para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener políticas, procedimientos y canales de información conformes con la legislación.
En general, la Directiva europea sobre protección de denunciantes afecta de forma indirecta a todos los empleados y al público en general. El objetivo de la Directiva es fomentar una cultura de transparencia, responsabilidad y conducta ética en las organizaciones e instituciones públicas.
La Directiva europea sobre protección de denunciantes abarca una amplia gama de personas que denuncian o revelan información sobre incumplimientos de la legislación de la UE. Dicho esto, es necesario recalcar que la Directiva no se limita a los trabajadores, sino que se extiende a personas de diferentes categorías laborales que pueden ser testigos de irregularidades en su vida profesional diaria, entre ellas:
Empleados, incluidos los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, independientemente de su tipo de contrato;
Trabajadores por cuenta propia, como contratistas independientes, autónomos o consultores que trabajan para una organización o institución pública;
Accionistas y miembros de los órganos de dirección o administración;
Voluntarios, becarios no remunerados y solicitantes de empleo;
Terceros, como contratistas, subcontratistas y proveedores que tengan una relación laboral con la organización o institución pública.
Protección frente a represalias por parte de empleadores o compañeros
Uno de los objetivos de la directiva es proteger a los trabajadores, contratistas y subcontratistas, proveedores, accionistas y altos directivos, voluntarios y becarios, así como a los solicitantes de empleo. Esto se aplica tanto en las relaciones laborales en curso como para en las que han finalizado. Este requisito está pensado para animar a los empleados a facilitar información sin miedo a represalias, y para garantizar que el empleador se toma en serio las denuncias de irregularidades y lleva a cabo una investigación exhaustiva.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas tienen prohibido tomar medidas perjudiciales contra los empleados que denuncien actividades ilegales u otras infracciones graves, como pueden ser degradarlos o despedirlos, retenerles el sueldo o las prestaciones, o someterlos a acoso u otras formas de intimidación.
Confidencialidad y anonimato
Los informantes deben poder comunicar información de forma confidencial y, en función de lo que elijan, hacerlo de forma anónima o no. La Directiva (UE) 2019/1937 prohíbe a las organizaciones imponer sanciones o discriminar de cualquier forma a los informantes que decidan permanecer en el anonimato.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben establecer canales de denuncia que sean seguros y garantizar que solo el personal autorizado tiene acceso a la información compartida por el denunciante. Además, deben asegurarse de que su información se toma en serio y se investiga a fondo sin consecuencias negativas posteriores.
Más información sobre la diferencia entre denuncia anónima y la confidencial.
Canales de denuncias seguros y confidenciales
Para garantizar que los denunciantes puedan transmitir la información de manera eficaz, la directiva exige a las empresas que establezcan canales de denuncia claros, accesibles, seguros y confidenciales.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben proporcionar especificaciones claras sobre cómo se puede denunciar eficazmente, incluidos los datos de contacto de las personas o canales designados para poder hacerlo. También deben garantizar que estos canales estén supervisados y sean accesibles para todos los empleados.
Respuesta oportuna y eficaz
La Directiva (UE) 2019/1937 exige a las empresas que respondan de manera oportuna y eficaz por medio de:
El envío de acuse de recibo de la denuncia en un plazo de 7 días, según recomendaciones de la directiva,
La realización de una investigación acerca de la información recibida y comunicar los resultados al denunciante en un plazo razonable tras la recepción de la denuncia. La directiva recomienda que la respuesta se ofrezca en un plazo de tres meses.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben cumplir los plazos establecidos por la legislación nacional y mantener informados a los denunciantes sobre el progreso de la investigación a lo largo de todo el proceso.
Además, las empresas deben establecer mecanismos de seguimiento y designar a una persona, un departamento o un proveedor externo para recibir y gestionar las denuncias. Por último, pero no por ello menos importante, todos los datos relacionados con las denuncias deben tratarse siguiendo la normativa sobre protección de datos.
Formación y concienciación
Por último, la Directiva Whistleblowing obliga a las empresas a que formen y sensibilicen a todos los empleados acerca del la importancia de la denuncia de irregularidades y la protección de que disponen los personas que informen.
¿Qué significa esto para las empresas?
Las empresas deben asegurarse de que todos los empleados conocen sus derechos y los canales de denuncias disponibles. Asimismo, deben comprender la importancia de denunciar cualquier actividad ilegal u otras infracciones graves, garantizando así la transparencia y la integridad dentro de su organización.
Según la Directiva europea sobre protección de denunciantes, los denunciantes pueden presentar denuncias a través de tres tipos de canales:
Canales de denuncias internos. Los denunciantes hacen llegar sus denuncias directamente a la empresa o, para ser más precisos, a los gestores de casos que se hayan designado. De este modo, las cuestiones denunciadas pueden investigarse y resolverse internamente en la empresa. Para la presentación de denuncias internas, las empresas pueden ofrecer distintas vías: líneas telefónicas específicas, direcciones de correo electrónico, plataformas en línea o miembros del personal designados a los que deben comunicarse las denuncias internas. Los canales de denuncias internas deben estar disponibles tanto para los empleados como para todos aquellos terceros con los que la empresa mantenga relaciones laborales.
Canales de denuncias externos. La denuncia externa implica el envío de informes a organismos gubernamentales externos que hayan establecido cada una de las autoridades de los Estados miembros de la UE. Los denunciantes pueden optar por utilizar canales de denuncia externos si creen que los canales internos son insuficientes o pueden estar comprometidos, o si temen sufrir represalias.
Divulgación pública. Los denunciantes pueden revelar información al público o a los medios de comunicación. En la práctica, esto ocurre en casos excepcionales:
Si tienen motivos razonables para creer que existe un peligro inminente para el interés público, como una amenaza para la salud pública, la seguridad o similares;
Si corren el riesgo de sufrir represalias o hay pocas probabilidades de que la irregularidad se aborde eficazmente a través de los canales de denuncia internos o externos.
Es importante recordar que aunque toda la legislación nacional entre los estados miembros de la UE debe alinearse con las recomendaciones de la Directiva de la UE, puede haber cambios leves. Por lo tanto, siempre debe consultar la legislación nacional. En España, es la Ley Whistleblowing la que establece las bases para la protección de los denunciantes.
Establecer un canal de denuncias interno en una empresa implica crear un sistema seguro, confidencial y fácil de usar que ayude a que los empleados y otras partes interesadas denuncien irregularidades o infracciones de la ley. Para establecer un canal de denuncias interno que se ajuste a la Directiva Whistleblowing, se aconseja a las organizaciones aplicar las siguientes medidas:
Desarrollar una política integral de denuncia de irregularidades que describa la finalidad, el alcance y los procedimientos para denunciar irregularidades, de acuerdo con la Directiva Whistleblowing de 2021 y otras normativas nacionales e internacionales pertinentes;
Designar a personas o equipos especializados responsables de gestionar las denuncias de irregularidades;
Garantizar la confidencialidad y el anonimato de un canal de denuncias. Se aconseja contar con cifrado de extremo a extremo en todos los canales de comunicación a través de herramientas digitales seguras;
Ofrecer distintos canales de denuncia que se adapten a las distintas preferencias y necesidades;
Establecer procedimientos claros e imparciales para recibir, tramitar e investigar las denuncias, así como definir plazos para confirmar la recepción de las denuncias, proporcionar información sobre los progresos y concluir las investigaciones;
Sensibilizar y formar a los empleados y partes interesadas acerca del contenido de la política de denuncia de irregularidades, los canales de denuncias y sus derechos y protecciones en virtud de la Directiva europea sobre protección de denunciantes;
Supervisar, revisar y evaluar constantemente la eficacia del canal y la política de denuncia de irregularidades, lo que permita ir implementando las mejoras necesarias en función de los comentarios de los usuarios, las mejores prácticas y los cambios en la legislación.
La Directiva europea sobre protección de denunciantes tiene como objetivo garantizar las siguientes protecciones:
Confidencialidad. La directiva establece que la identidad de los personas que informen debe mantenerse confidencial durante todo el proceso;
Prohibición de represalias. La Directiva sobre denuncias prohíbe expresamente cualquier forma de represalia contra los denunciantes, tales como el despido, el descenso de categoría, el acoso, la discriminación, las amenazas o cualquier otro trato negativo;
Carga de la prueba. En caso de que los denunciantes sufran represalias, la directiva establece la inversión de la carga de la prueba, exigiendo al empleador u organización que demuestre que cualquier medida negativa tomada contra el denunciante no tiene relación con la denuncia presentada;
Recursos y apoyo. La Directiva sobre protección de denunciantes exige a los Estados miembros de la UE que proporcionen a los denunciantes acceso a recursos y apoyo adecuados, incluyendo asistencia jurídica, financiera y psicológica;
Protección contra la responsabilidad. Los personas que informen están protegidos frente a la responsabilidad civil, penal o administrativa por denunciar infracciones de la legislación de la UE;
Protección de un mayor número de personas. La Directiva cubre no solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a los autónomos, contratistas, subcontratistas, accionistas, miembros de la dirección o la administración, voluntarios, becarios no remunerados y solicitantes de empleo.
En virtud de lo dispuesto en la directiva de la UE, como cualquier otro Estado miembro de la UE, España estaba obligada a aplicar la Ley Nacional de Protección que garantiza la protección jurídica de las personas que denuncian irregularidades.
La transición de la Directiva europea sobre protección de denunciantes de la UE al ordenamiento jurídico español se conoce como Ley Whistleblower, la Ley nacional de Protección de denunciantes, que pretende fomentar la transparencia en las empresas españolas y proteger de represalias a las personas que denuncien irregularidades e infracciones.
La ley, que entró en vigor el 21 de febrero de 2023, establece dos plazos para que las empresas implanten un canal de denuncias: 13 de junio y 1 de diciembre de 2023.
Consulte el artículo sobre la Ley Whistleblower para obtener más información.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo entra en vigor la Ley Whistleblower?
La Directiva europea sobre protección de denunciantes, conocida formalmente como Directiva (UE) 2019/1937, se adoptó el pasado 23 de octubre de 2019 y establece que para el 17 de diciembre de 2021, todos los países de la UE deben haber desarrollado una Ley Nacional de protección de denunciantes de irregularidades. Sin embargo, algunos países necesitaron más tiempo. España adoptó Ley Whistleblower el 21 de febrero de 2023.
¿Qué países cumplen ya con esta directiva?
Estado de aplicación de la Directiva europea sobre protección de denunciantes 2023: en marzo de 2023, 20 estados miembros habrían adoptado ya una ley de transposición. Consulte el UE Whistleblowing Monitor para ver el estado actual de aplicación de la transposición en los países de la UE.
¿Exige la Directiva europea sobre protección de denunciantes permitir el anonimato?
La Directiva europea sobre protección de denunciantes no exige explícitamente que se permita a los denunciantes informar de forma anónima, pero sí destaca la importancia de la confidencialidad y anima a los Estados miembros a ofrecer la opción de la denuncia anónima. La Directiva obliga a mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes durante todo el proceso de denuncia, y prohíbe estrictamente cualquier revelación no autorizada de la identidad del denunciante.
¿Incluye la Directiva europea sobre protección de denunciantes los servicios financieros?
Sí, la Directiva europea sobre protección de denunciantes cubre los servicios financieros. La Directiva (UE) 2019/1937 exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos completos y eficaces para la protección de los personas que informen tanto en el sector público como en el privado, incluido el sector financiero.
De acuerdo con la Directiva, los proveedores de servicios financieros con más de 50 empleados deben establecer canales internos de denuncia y designar a una persona o departamento responsable de recibir y tramitar las denuncias.
¿Cuándo es obligatorio el canal de denuncias?
In Spain, there are two deadlines.
Companies must implement a whistleblowing channel by 13 June 2023 if they are private companies with 250+ headcount, public sector entities (except for municipalities with less than 10,000 inhabitants), political parties, trade unions, business organizations, and foundations created by them.
Companies with 50+ employees and municipalities with fewer than 10,000 inhabitants must introduce a whistleblowing channel by 1 December 2023.
¿Quién se debe gestionar las denuncias?
La responsabilidad de gestionar las denuncias recae tanto en las organizaciones (a través de canales de denuncia internos) como en las autoridades nacionales competentes (a través de canales de denuncia externos), dependiendo del canal de denuncia elegido.
¿Cuánto se tarda en implantar un canal de denuncia de irregularidades?
El tiempo necesario para implantar un sistema de denuncia de irregularidades puede variar en función del tamaño, la complejidad y los recursos de la organización, así como del alcance y las características del sistema elegido.
Teniendo en cuenta todos los pasos necesarios, la implantación de un sistema de denuncia de irregularidades puede llevar entre 45 minutos y 6 meses. El proceso de implantación puede ser más rápido para las organizaciones más pequeñas o las que recurren a proveedores de servicios externos que ofrecen soluciones de denuncia de irregularidades prediseñadas.
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Este artículo ha sido elaborado únicamente con fines informativos y no pretende ser un asesoramiento jurídico. Para obtener asesoramiento jurídico, contacte con su asesor de confianza. Como alternativa, Whistleblower Software puede ponerle en contacto con un experto jurídico local.
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